Volvemos a detener nuestra mirada en el mundo rural, y lo hacemos con apasionada y honda preocupación. Cuando la crisis no ha remontado ni un ápice y nos sigue mostrando la caras cínicas de los corruptos y la podredumbre de la ciénaga política. Cuando la espada de Damocles de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local sigue amenazando sin piedad al mundo rural y a sus derechos civiles y patrimoniales. Cuando lo común y lo público han quedado pulverizados por el pensamiento tecnocrático y neoliberal que nos controla desde el poder financiero y político. Cuando las administraciones públicas y regionales siguen enredadas en la pasividad burocrática y en el manejo mezquino y caciquil del poder, es hora ya de que los habitantes del medio rural retomen su propio protagonismo en defensa de sus bienes públicos y concejiles. Es una responsabilidad que no deben y pueden orillar por más tiempo.
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El 26 de septiembre, se presentó en el Jardín Botánico (C.S.I.C.) la Declaración de Valdeavellano de Tera (Soria) por la Defensa de los Usos Comunales en España, firmada por un amplio grupo de asociaciones, plataformas y fundaciones, estableciendo un decálogo de principios fundamentales a favor del reconocimiento de este patrimonio económico, social ambiental y cultural existente en nuestro país. En la base de esta declaración se encuentra el entusiasmo y empeño de muchos habitantes y asociaciones rurales comprometidas con los recursos y vida de los montes, con el buen manejo de los pastos o con la conservación de las tierras comunales que apenas hace medio siglo salvaron del hambre más cruel a muchas familias en las montañas galaico-leonesas, en la raya con Portugal, en las sierras ibérico-sorianas o en tantos lugares que el viento del éxodo rural ha dejado vacíos y sin fuerzas vitales. Los depredadores, los nuevos “agricultores de sofá” y las oligarquías financieras siguen al acecho de estos bienes comunes.
En Castilla y León, al menos 2.127.000 de hectáreas están consideradas como superficie catastral colectiva, concentrándose en los Ayuntamientos o en las Juntas Vecinales y compartiéndose su gestión con el Estado, o más bien con las Comunidades Autónomas (Montes de Utilidad Pública, sobre todo). Aunque tenemos testimonios bien representativos en todas las provincias, sobresalen los bienes públicos y comunales en las provincias de León, Burgos, Soria y Zamora. Aunque infrautilizados, ahí siguen como verdaderas “joyas de montaña” (M. Rodríguez Pascual) los puertos de merinas o “puertos pirenaícos”, configurando desde hace siglos extensas superficies de espacios comunales bien representativos de un quehacer ganadero secular y sostenible.
En las circunstancias actuales necesitamos repensar su integración en la vida del medio rural y en un desarrollo sensato. No pueden quedar al albur de los intereses más lejanos y privatizadores. Precisamente la FAO, por un lado, y la propia ONU, por otro, ante el fracaso de las garantías alimentarias a escala global y de las sucesivas frustraciones de las cumbres ante el cambio climático, ven en los recursos públicos y comunales una verdadera alternativa para frenar y detener los desmanes medioambientales y afrontar con inteligencia agroecológica y sentido común el futuro. Así, pues, la gestión de los comunales a escala local y regional se presenta como un reto apasionante que compromete a toda la sociedad. Ni los actuales instrumentos políticos están preparados para afrontarlo, ni las directrices productivistas y tecnocráticas de la PAC son el camino. En la defensa de este legado histórico y patrimonial todos estamos implicados, comenzando por la sensibilidad y sensatez de los poderes públicos y dando protagonismo a la cultura campesina, pues buena parte de nuestro futuro (medioambiental, agroganadero y forestal, cultural, social…) descansa en estos bienes, si sabemos conservar y optimizar sus recursos con armonía y solidaridad.
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